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Hace ya tres años y medio, UGT se dirigió a la CNMC, por medio de la consulta pública sobre el servicio mayorista NEBA local, al objeto de hacerle saber nuestro más absoluto rechazo al modelo regulatorio preponderante, una auténtica arma de destrucción masiva de empleo. Hoy, en pleno año 2021, nos hemos vuelto a ver las caras, aunque sea de nuevo a través de otra consulta pública.

Hablamos del proceso de audiencia pública sobre el mercado de acceso local central, el celebérrimo proceso que determinó en 2016 los 66 municipios “sin obligaciones parasitarias”, a la par que obligaba a Telefónica a ceder su red de fibra en el resto de España. Regulación que, como advertimos en aquel momento, era un tremendo error; regulación que se ha llevado por delante miles de empleos; regulación que ahora es preciso revertir ante la evidencia de que fomentaba una competencia sobre precios que solo beneficiaba a los que no invierten, a los que no crean empleo y a los que no reparten la riqueza que obtienen.

De nuevo, y como en todas las ocasiones anteriores, ningún otro sindicato acudió a la consulta. Lamentable que algo tan fundamental como la regulación y su negativo impacto en el empleo en Telefónica solo le importe a UGT.

La respuesta de la CNMC

En su respuesta a UGT, el regulador explica, bajo el epígrafe “Sobre el fomento del empleo en la determinación de las obligaciones regulatorias”, lo siguiente: “Para la Unión General de Trabajadores (UGT), la propuesta de regulación sometida a consulta pública no tiene en cuenta objetivos relacionados con el empleo. A su juicio, la regulación de esta Comisión ignora la opinión y los intereses de los trabajadores del Sector de las Comunicaciones, y plantea una incompatibilidad entre la regulación existente y la consecución de empleo digno. En consecuencia, propone un cambio en el modelo regulatorio que no persiga como único objetivo la reducción de las tarifas a través del fomento de la competencia y tenga en cuenta el impacto que sus decisiones pueden tener sobre el empleo del sector a través de la elaboración de una Memoria de Empleo que se presente en un anexo en cada propuesta de modificación regulatoria. Asimismo, también propone imponer la obligación a los operadores entrantes de comprometerse a realizar inversiones a medio y largo plazo para fomentar el despliegue de nuevas infraestructuras.

Por último, la UGT plantea reducir la Brecha Digital territorial, fomentando el despliegue de infraestructuras en zonas rurales para potenciar la cohesión territorial”.

A partir de nuestro planteamiento, la CNMC responde (sic): “No cabe duda que cualquier acción regulatoria encaminada a promover la competencia en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y el desarrollo eficiente de las nuevas redes de acceso puede afectar al empleo en el sector de las telecomunicaciones. Ahora bien, esta última es una variable de gran complejidad, que se ve condicionada por más factores que los meramente derivados del funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas y los elementos del mismo sobre los que la acción regulatoria puede incidir. Nótese también que los operadores que proporcionan una parte muy relevante del empleo del sector tienen posturas muy diferentes sobre la regulación adecuada para este mercado y la CNMC debe buscar el punto de equilibrio que maximice el interés general. Por tanto, y siendo conscientes de la gran relevancia e importancia del empleo en la sociedad, en general, y la economía, en particular, la creación y el fomento del empleo, en los términos que plantea la UGT, es un objetivo que excede del ámbito de acción de esta Comisión en el ejercicio de sus funciones relativas al análisis de competencia en los mercados de referencia”.

La opinión de UGT

No por esperada, es menos decepcionante la respuesta. En nuestra opinión, no es de recibo que las acciones regulatorias sobre competencia se deslinden de sus consecuencias laborales. Someter el empleo digno y el futuro de miles familias a un supuesto “interés general” es un ejercicio sesgado, que huye de la realidad social que vivimos, dando preponderancia a los intereses de unos pocos sobre los de la mayoría. Cuarenta mil puestos de trabajo perdidos en dos décadas no pueden ignorarse bajo el pretexto del clásico “pregunte en otra ventanilla”.

Por todo ello, UGT continuará exigiendo la inclusión de un requisito legal que acompañe a cualquier cambio legal o regulatorio que afecte a nuestro Sector: la redacción obligatoria de una memoria de empleo. Porque estamos convencidos de que, si aquellos que regulan o legislan, tuviesen que dar su visto bueno a una norma que destruyese empleo, asistiríamos a un auténtico cambio de paradigma sectorial.

Sin duda, la próxima tramitación parlamentaria de la Ley General de Telecomunicaciones será una nueva oportunidad para llevar la voz y los intereses de las personas trabajadoras que integramos Telefónica. Aunque sea, como siempre, solos ante todos y todo; pero nuestro empleo y nuestras condiciones laborales bien merecen esta lucha.

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