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UGT condena y rechaza el nuevo ERE planteado por Vodafone. Una vez más, estamos ante una muestra de los problemas que aquejan al mercado laboral español, al tiempo que evidencia los problemas estructurales del sector de las telecomunicaciones.
Unas leyes laborales excesivamente permisivas han facilitado que una vez más una compañía -en este caso Vodafone- opte por la solución más fácil y, al mismo tiempo, más inútil y más torpe para resolver los desequilibrios financieros causados, en gran parte, por decisiones erróneas tomadas por su dirección: el despido de 509 compañeras y compañeros. Muchos de los cuales fueron trabajadores esenciales durante el pasado confinamiento y asumieron riesgos para facilitar el acceso a unas comunicaciones que facilitaron las condiciones de teletrabajo y de ocio de toda una sociedad. Eran y son esenciales y, por tanto, no pueden ser las víctimas del economicismo cortoplacista de las direcciones y accionistas.
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Hace ya tres años y medio, UGT se dirigió a la CNMC, por medio de la consulta pública sobre el servicio mayorista NEBA local, al objeto de hacerle saber nuestro más absoluto rechazo al modelo regulatorio preponderante, una auténtica arma de destrucción masiva de empleo. Hoy, en pleno año 2021, nos hemos vuelto a ver las caras, aunque sea de nuevo a través de otra consulta pública.
Hablamos del proceso de audiencia pública sobre el mercado de acceso local central, el celebérrimo proceso que determinó en 2016 los 66 municipios “sin obligaciones parasitarias”, a la par que obligaba a Telefónica a ceder su red de fibra en el resto de España. Regulación que, como advertimos en aquel momento, era un tremendo error; regulación que se ha llevado por delante miles de empleos; regulación que ahora es preciso revertir ante la evidencia de que fomentaba una competencia sobre precios que solo beneficiaba a los que no invierten, a los que no crean empleo y a los que no reparten la riqueza que obtienen.
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El período de adscripción será hasta el 31 de julio y la indemnización fijada oscila entre los 57 días y 62 días por año trabajado en función del salario percibido, 50.000 euros para el primer caso, y 27.000 para el último. En cuanto a las prejubilaciones, se incrementa el número de posibles acogidos a 200 y la adscripción se abre para la plantilla que cumple 54 años hasta del 31 de diciembre de 2022.
