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Los cierres, reducciones de aforo y restricciones de horarios en el subsector del bingo y en el juego privado presencial no tienen justificación a la vista del protocolo anticovid que en su día se aprobó y se implementó en las salas.

Teniendo en cuenta el protocolo anti-covid que se aprobó por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, impulsado desde el Observatorio Estatal del Juego, donde participan las Organizaciones Sindicales: UGT y CC.OO. y las Asociaciones Empresariales: CEJ y FEJBA, en sesión celebrada el pasado 6 de Mayo de 2020, tenemos que manifestar que las Salas de Bingo, Salones de Juego y locales de juego privado presencial, incluidos los de hostelería, son espacios seguros con extraordinarias medidas anticovid-19, que por lo general, son más exhaustivas que las adoptadas en otros sectores que han sido menos castigados por los cierres y las reducciones de horarios y aforos.

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Hoy se ha constituido la mesa negociadora del convenio de hostelería en Castellón.

El convenio de hostelería de la provincia, lleva sin negociarse desde 2011, por lo que los trabajadores del sector llevan 10 años trabajando con las mismas condiciones económicas y sociales. 

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FeSMC-UGT se opone a la pérdida de 428 empleos en la empresa Eurest, por causas de carácter coyuntural y circunstancial vinculadas a la excepcional situación económica y productiva derivada de la pandemia de Covid-19.

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Los trabajadores y trabajadoras del sector del juego en 2019, (casinos, bingos, salones, apuestas y máquinas recreativas en bares y cafeterías), mantenía un empleo de 47.047 personas, de ellos 40.297 empleados por cuenta ajena (con contratos laborales).

El juego de entretenimiento es uno de los sectores más afectados por los cierres y restricciones de actividad causados por la Covid-19: el 35,1% de sus empleados está en ERTEs.

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La Audiencia Nacional ya había estimado el conflicto colectivo interpuesto por FeSMC-UGT.

En sentencia de 8 de febrero de 2021, notificada hoy, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Telepizza contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que ya había anulado el denominado “Proyecto Tracker” de Telepizza, que exigía a las personas que se dedicaban al reparto a contar con un teléfono móvil propio al que debían incorporar una aplicación de la empresa, que permitía controlar los movimientos de las personas trabajadoras mediante su geolocalización continua, que era conocida además de por la empresa, por las personas clientes de la misma.

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