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La delegada del gobierno Pilar Bernabé García ha recibido este viernes 16 de septiembre a un grupo de mujeres pertenecientes a UGT PV y CCOO-PV, para tratar las condiciones relativas al trabajo decente para las trabajadoras domésticas.
La reunión, convocada a petición de la Delegación del Gobierno en la Comunitat valenciana, surge a raíz de las últimas modificaciones del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. Entre otras cuestiones, se ha recogido el derecho a la prestación por desempleo para este colectivo, un gran avance para un sector donde la precariedad es muy alta y en el que no contaban con una renta de sustitución cuando perdían sus trabajos, una situación discriminatoria respecto al resto de trabajadoras y trabajadores.
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Trabajadoras de hogar durante una protesta para reclamar su derecho al paro. EFE/Emilio Naranjo
Este martes, se da un paso más para acabar con una discriminación que alcanza a alrededor de 700.000 mujeres trabajadoras, 32.000 dadas de alta en la C. Valenciana.
El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros un decreto que regula la protección por desempleo de las empleadas del hogar, un colectivo compuesto en su gran mayoría por mujeres y excluido del paro hasta la fecha, lo que la justicia europea tachó de discriminatorio en una histórica sentencia el pasado febrero. En caso de despido será el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que se haga cargo de las indemnizaciones de aquellos empleadores que se declaren insolventes.
La norma no solo reconoce el derecho al paro, sino que también equipara más derechos para estas empleadas y elimina otra de las mayores desventajas para el colectivo: el despido sin causa.
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El Tribunal Supremo anula una sentencia del TSJ-CV y declara legal el Convenio de Empleados/as de Fincas Urbanas de Valencia y Castellón
La sentencia del Tribunal Supremo, con fecha 21 de julio de 2022, estima el recurso interpuesto por UGT, la Asociación de Propietarios y Comunidades de Propietarios de Castellón y Valencia, y demás sindicatos firmantes del Convenio, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaró nulo dicho Convenio en junio de 2020.
