Corts Valencianes CUERPO

 

UGT PV ha impulsado enmiendas a lo largo del proceso de creación de esta norma para mejorar las condiciones laborales en las empresas prestatarias de servicios en las diferentes administraciones

Este 4 de julio el pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado la ley de Fomento de la Responsabilidad Social, que incorpora criterios sociales, éticos y medioambientales en la contratación pública, e impide trabajar con empresas que operen en paraísos fiscales. Esta ley sitúa a la Comunitat como referente en el centro de las políticas públicas y es la herramienta para velar por una contratación y compra pública responsables.

El objetivo de la misma, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP que ha votado en contra, es favorecer prácticas socialmente responsables en las Administraciones Públicas.
Desde UGT PV se ha venido trabajando desde hace tiempo la inclusión en el texto de la misma, vía enmiendas, aspectos encaminados a contemplar la subrogación del personal, o el establecimiento de una plantilla mínima. Todo ello con el fin de mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de quienes prestan servicios en contratas de la Administración.

En definitiva, se trata de una ley que velará por impulsar una contratación responsable que incorpora aspectos sociales, éticos y medioambientales en los procedimientos de licitación como las oportunidades de empleo, el trabajo digno, el cumplimiento con los derechos sociales y laborales, la inclusión social o la igualdad de oportunidades, entre otros.

Las enmiendas a la misma, impulsadas por UGT-PV y presentadas junto con CCOO PV a lo largo del proceso de tramitación de la norma, establecen entre otros aspectos: La obligatoriedad de la subrogación directa del personal frente a un cambio de contrata; La aplicación del convenio sectorial, o el de empresa si fuera más beneficioso; o la obligación de fijar en los contratos el número mínimo de horas y personas necesarias para el cumplimiento de un servicio de calidad.

Ismael Sáez, Secretario General de UGT PV considera que “con esta norma se culmina un proceso de trabajo por parte del sindicato, que ha conseguido proteger a las y los trabajadores y al mismo tiempo a la sociedad en general, ya que la norma contempla, entre otras cosas, que los contratos públicos no se adjudiquen teniendo solo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa, sino la que suponga una mejor relación coste-eficacia, valorando cláusulas de responsabilidad”.

Además la norma, que es la segunda de España que aborda esta materia, prevé la aprobación del Plan Valenciano de Responsabilidad Social y obliga a la Administración de la Generalitat a elaborar una memoria anual de Responsabilidad Social, con las medidas llevadas a cabo en este ámbito.

A parte de ello esta ley prevé beneficios para las entidades que obtengan la calificación de socialmente responsables, y crea el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, como observatorio en la materia.

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