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Este 3 de mayo se celebra por tercer año el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas

El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad, pasando de un modelo asistencial a un modelo social de derechos humanos.

La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. La Convención debe ser el marco de referencia de todas las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad y es un instrumento de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En este día queremos apoyar la reivindicación del CERMI, el movimiento social organizado de la discapacidad, que pide garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva. Un derecho que será más fácil alcanzar si las personas con discapacidad disponen de independencia económica gracias a un empleo digno y de calidad.

Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En edad de trabajar serían 1.876.900 personas, de las cuales el 43,2% son mujeres y el 5,2% jóvenes menores de 25 años, según el último informe de ODISMET presentado el pasado 29 de abril.

Las personas con discapacidad y sus familias tienen más dificultades económicas para afrontar los gastos que conlleva la adquisición de una vivienda. Las personas con discapacidad presentan una tasa de actividad del 34%, es decir, 1.238.000 personas con discapacidad en edad laboral son inactivas, esto es, están fuera del mercado laboral. Pero, además, de las personas con discapacidad activas tan sólo 1 de cada 4 tiene empleo. Esto sumado a la precariedad del empleo de las personas con discapacidad con tasas de temporalidad del 90% y una parcialidad en alza que se acerca al 40%, con una brecha salarial de un 17% respecto del conjunto de la población, así como al hecho de tener que soportar más gastos por razón de discapacidad, nos encontramos que las personas con discapacidad ven dificultada y limitada su derecho a poder tener una vida independiente y ejercer su autonomía personal. Tanto es así que tres de cada diez personas con discapacidad viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero más preocupante es que el 20,5% de las personas con discapacidad con empleo están en riesgo de pobreza o exclusión social.

La senda de la recuperación económica pasa por abordar las políticas específicas de empleo de las personas con discapacidad dentro del Diálogo Social, con especial atención a las mujeres con discapacidad y las personas jóvenes con discapacidad, siempre sobre la base de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo de su autonomía personal y una vida independiente y, en definitiva, el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía. Es necesario, para ello, que estas políticas atiendan a factores como las características de los sectores y las empresas, las capacidades y aptitudes de las personas trabajadoras y la posible adaptación de los puestos de trabajo, la discapacidad sobrevenida, así como garantizar un marco equitativo en cuanto a las condiciones laborales de las personas con discapacidad que se encuentra en el mercado de trabajo protegido, no devaluando o minorando sus condiciones laborales y salariales por acceder al mercado de trabajo a través de Centros Especiales de Empleo.

Desde FeSMC UGT asumimos el compromiso de trabajar para promover el empleo de las personas con discapacidad, reclamando políticas de inclusión, igualdad y no discriminación a través de la negociación colectiva y garantizando un marco de equidad en las relaciones laborales de las personas con discapacidad dentro del modelo social de la discapacidad que propugna la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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